Después dicen que no sabían nada de lo que estaba pasando... 
 
 
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Escritos incautados a Vitalia identifican a falsos prejubilados como «par» o «especial» 
A. R. VEGA / M. BENÍTEZ 
Día 08/02/2012 
 
La trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos pagados con fondos de la Junta de Andalucía tenía su propio lenguaje secreto para ocultar las irregularidades. Documentos y escritos intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante uno de los registros realizados a la sede de Vitalia —dentro de la causa que investiga la juez Mercedes Alaya— revelan que la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo y los intermediarios de la consultora catalana utilizaban con frecuencia anotaciones cifradas, palabras en clave, eufemismos y abreviaturas para referirse a los intrusos o falsos prejubilados tales como «PAR» o «ESPECIAL». 
 
Vitalia era, junto con Uniter SL, una de las intermediarias escogidas por la Junta para poner en contacto a los trabajadores despedidos en empresas con aseguradoras con el fin de garantizarles una renta subvencionada hasta la edad de jubilación. 
 
Como toda red de corrupción que se precie, los principales actores de esta trama empleaban un lenguaje propio para esconder la trampa y camuflar la inclusión de personas en expedientes de sociedades donde nunca habían trabajado, así como las gestiones relacionadas con sus primas. Un «elemento común detectado en varios de los intrusos» es la «palabra “particular” seguida del nombre de la empresa», advierte un atestado de la UCO sobre el ERE que presenta la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco) S.A.L., donde se colaron dos intrusos relacionados con el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. 
 
Por otra parte el fiscal anticorrupción interrogará al exdirector de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, sobre la supuesta destrucción de papeles que denunció ante la Guardia Civil. En su declaración ante la juez Alaya, que tendrá lugar el 23-F, el Ministerio Público preguntará a Guerrero sobre este extremo después de que confesara que sabía por funcionarios de que «se han destruido documentos a partir del escándalo de los ERE fraudulentos en Mercasevilla. «Vamos a preguntarle sobre todo lo que ha dicho a la Guardia Civil», explicaron fuentes de la Fiscalía. También le cuestionarán sobre sus confesiones acerca de que fueron el consejero y el viceconsejero (entonces José Antonio Viera y Antonio Fernández) quienes le indicaron cual era el método para la adjudicación de las ayudas. También sobre lo que dijo acerca de que las ayudas se llevaban al consejo de dirección y a los consejillos que presidía el entonces titular de Presidencia, Gaspar Zarrías. O que el tema debía ser conocido por el Consejo de Gobierno.