La Junta andaluza pagó al suegro de Arenas con el fondo para los ERE 
El bufete Olivencia Ballester facturó 120.000 euros por asesorar a Santana Motor 
JAVIER MARTÍN-ARROYO Sevilla 12 ABR 2011  
 
La Junta de Andalucía abonó casi 120.000 euros al bufete Olivencia Ballester, propiedad de Manuel Olivencia, suegro del líder del PP andaluz, Javier Arenas, procedente del fondo para empresas en crisis dotado con 647 millones. El bufete asesoró en 2001 a la empresa pública Santana Motor, participada al cien por cien por la Junta, para externalizar algunos componentes de los coches que fabricaba, y por ello facturó 119.828 euros. Pero la Consejería de Empleo pagó la minuta a través del mismo fondo con el que subvencionó los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que un juzgado investiga ahora, según reflejan las diligencias abiertas. 
 
Empleo abonó a los despachos algunas minutas por los expedientes 
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El PP sostuvo que todos los beneficiados del "fondo de reptiles" eran cercanos al PSOE Chaves pide al PSOE andaluz "unidad" en torno a Griñán "El dinero se destinó a pagar jubilaciones millonarias a los amiguetes del PSOE andaluz (...). Sabemos que todas las personas beneficiadas son cercanas al PSOE", censuró el vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, sobre el escándalo hace dos meses. 
 
El despacho de abogados Olivencia Ballester tramitó los aspectos mercantiles de la externalización del parque de proveedores de Santana, ya que fabricar ciertos componentes resultaba deficitario para la empresa pública. Olivencia Ballester se encargó de los contratos mercantiles con empresas de todo el país, por lo que con cargo a la partida 31L emitió una factura de 104.400 euros en marzo de 2002 y otra de 15.428 euros cuatro meses después. "Se nos llamó para prestar un servicio y no nos preocupamos de la situación interna de Empleo, solo de que nos vuelvan a contratar", alegó su hijo y director actual del bufete, Luis Olivencia. 
 
Manuel Olivencia fue comisario general de la Expo de Sevilla en 1992 (aunque dimitió antes de la inauguración) y catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad sevillana, profesor entre otros de Felipe González. En 2006 su firma se integró en el potente bufete Cuatrecasas. 
 
Olivencia Ballester ya asesoró en 1999 a la Junta para recurrir una sentencia que cuestionó las ayudas públicas concedidas a la empresa Cárnicas Molina, un quebradero de cabeza que fue el detonante de la creación del fondo para empresas, denominado "fondo de reptiles" por el ex director general Javier Guerrero, aunque luego se desdijo. 
 
Al margen de las empresas, Ayuntamientos y asociaciones beneficiadas, la Junta abonó facturas a multitud de bufetes gracias a este fondo. Por ejemplo, Empleo subvencionó con 23 millones el ERE que afectó a 600 trabajadores de Santana Motor en 2001. El bufete Estudio Jurídico Villasís asesoró a la asociación de los empleados en la negociación del ERE, pero sin embargo la factura de 46.000 euros la pagó Empleo en 11 pagos a lo largo de 2002. Este despacho, donde trabajó el conseguidor detenido por la policía Juan Lanzas, percibió otro ingreso de 20.880 euros seis meses más tarde. 
 
El bufete Garrigues asesoró a la empresa en el ERE de Santana, pero su factura también se pagó con este fondo a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), propietaria de las acciones en Santana. "Era imposible saber cómo iba a acabar un conflicto laboral. Nadie sabía dónde estaba el final. Contratabas con Garrigues un contrato menor por 10.000 euros, pero luego se multiplicaba por diez", alegó un ex alto cargo de Empleo. La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 2/2000 establece que los contratos menores no pueden exceder los 30.050 euros ni ser prorrogados. 
 
Garrigues cobró asimismo 162.000 euros por el ERE de Cuerotex, pese a que la empresa contrató sus servicios. La Junta asumió el gasto del bufete en el ERE de 2005. Juan Pérez, cuñado del secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, negoció este expediente como presidente del comité de empresa y se acogió a él tras 42 años como empleado. "Son servicios prestados a empresas o colectivos de trabajadores y la Junta asumió el pago", señalaron fuentes de Garrigues.