Ahora ven que podrían perder la plaza como consecuencia de un error en la baremación por parte de la administración de otros opositores que se presentaron al mismo proceso.  
 
Un total de 36 veterinarios toda Galicia recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) para no perder la plaza que obtuvieron en un concurso-oposición y que ahora ven que podrían perder esta condición como consecuencia de un error en la baremación por parte de la administración de otros opositores que se presentaron al mismo proceso.  
 
Se trata de trabajadores que, tras superar el proceso selectivo, obtuvieron la credencial de funcionarios el 5 de abril de 2006.  
 
Sin embargo, ahora se encuentran con que pueden perder su condición de funcionarios al haber obligado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia a realizar una nueva baremación, ya que en el primer proceso no se tuvo en cuenta el trabajo desarrollado en campañas de saneamiento por parte de otros veterinarios opositores.  
 
Los afectados constituyeron una plataforma, desde la que se informó a Efe de que con la nueva baremación 36 veterinarios ocuparán los puestos de quienes llevan dos años y medio con nivel y plaza consolidada, tras haber superado «en toda regla» una oposición.  
 
Desde la Plataforma lamentan que el conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, no los haya recibido, aunque sí son conscientes de que está «al corriente» de todo lo que ha sucedido, porque le remitieron toda la documentación.  
 
Tampoco encontraron soluciones convincentes en la Dirección General de la Función Pública, donde la única posibilidad que les ofrecen es la de pasar a ser funcionarios interinos, lo que, advierten, «sería ilegal», y luego presentarse en otra oferta pública de empleo en la que salen a concurso 48 plazas.  
 
Será un concurso-oposición con un porcentaje de plazas para minusválidos y otro para promoción interna, con lo que número de empleos ofertados está «muy lejos» de ser suficiente para poder acoger a quienes se ven fuera pese a tener aprobada una oposición.  
 
La solución que proponen los afectados, y que no acepta la directora general de Función Pública, es ampliar el número de plazas, tal y como, recuerdan, «se hizo siempre en otras ocasiones», cuando se dio un problema similar.  
 
Pero todavía lamentan más que desde esta misma Dirección se les catalogue como un colectivo «conflictivo y peleón».  
 
Con esta situación, los 36 veterinarios afectados se ven fuera hasta que falle el Tribunal Constitucional, donde están convencidos de que les darán la razón.  
 
«En ningún sitio se contempla que un funcionario pueda ser despedido y echarlo a la calle por el morro a no ser que sea mediante un expediente disciplinario», se puntualizó desde la Plataforma.