CID JUNGLEADOR

LA IGNORANCIA ORIGINA LA INJUSTICIA

• 05/12/2011 22:59:00.
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PROMOCION CRUZADA: PROF.TIT. DER. ADMINIST.

::: --> Editado el dia : 07/12/2011 16:18:42
::: --> Motivo :

::: -- Editado el dia : 05/12/2011 23:36:33
::: -- Motivo :

::: -- Editado el dia : 05/12/2011 23:35:45
::: -- Motivo :

DICE QUE LOS FUNCIONARIOS SE TIENEN QUE PODER PRESENTAR JUNTO CON LOS LABORALES PARA CUMPLIR ASÍ CON EL 23.2 Y 103.3 DE LA CE

( POR LO CUAL TIENEN QUE TUMBAR LOS TRIBUNALES LA CONVOCATORIA DE PROMOCIÓN CRUZADA, AL NO PERMITIR QUE SE PRESENTEN FUNCIONARIOS).

PROMOCIÓN CRUZADA. QUE DICE LA DOCTRINA:

Conviene tener en cuenta que de la lectura de este precepto no se infiere la configuración de procedimientos selectivos restringidos y limitados únicamente al personal afectado por esta Disposición, sino meramente a la posibilidad ya existente de que las pruebas de promoción interna se puedan llevar a cabo en convocatorias independientes de las de nuevo ingreso, como viene siendo ya práctica habitual durante los últimos años. Por ello, a mi juicio, en los procedimientos selectivos de promoción interna para la ocupación de las plazas funcionarizadas podrá concurrir cualquier otro funcionario o laboral siempre que cumpla todos los requisitos generales de antigüedad y
titulación que el artículo 18.2 del Estatuto o las correspondientes convocatorias en su caso puedan establecer. Y ello porque sólo dicha interpretación puede resultar compatible con el artículo 23.2 y 103.3 de la Constitución, así como con la interpretación que la doctrina constitucional ha realizado de dichos preceptos.

[--http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenid...os/es/32978.pdf--]



Efectivamente, la STC 27/1991, de 14 febrero, en relación con la posibilidad de establecer pruebas específicas a las que sólo tienen acceso determinados colectivos de personal, estableció que “es evidente que el derecho a la igualdad en el acceso a la función pública supone una limitación, fundamentada en la práctica de las llamadas pruebas restringidas para el acceso a la función pública, las cuales, en general, han de considerarse como un procedimiento proscrito en el art. 23.2 de la CE, si bien no cabe excluir que, en determinados casos excepcionales, la diferencia de trato establecida en la Ley en favor de unos y en perjuicio de otros pueda considerarse como razonable, siempre que dicha diferenciación se demuestre como un medio excepcional y adecuado para resolver una situación también excepcional, expresamente prevista en una norma con rango de ley y con el objeto de alcanzar una finalidad constitucionalmente legitima, entre las que se integra también la propia eficacia de la Administración Pública”.
A mayor abundamiento, la STC 16/1998, de 26 de enero, aclaró todavía más esta posición doctrinal sistematizando sus requisitos. Es preciso, “primero, que se trate de una situación excepcional; segundo, que sólo se acuda a este tipo de procedimientos una sola vez, pues de otro modo se perdería su condición de remedio excepcional para una
situación también excepcional y, en tercer y último lugar, que dicha posibilidad esté prevista en una norma de rango legal”. Pues bien, podría entenderse que esa situación excepcional ya se ha dado y que está prácticamente agotada a raíz de los múltiples procesos de funcionarización que se llevaron a cabo a partir de la Disposición Transitoria 15 de la Ley de Medidas. Así, por ejemplo, y basándose en dicha doctrina del Constitucional, la STS de 20 de junio de 1996, declaró la validez de los procesos de funcionarización que se llevaron a cabo a través de la Ley 31/1990, de 27 diciembre, de Presupuestos Generales para 1991 que, recordemos, había establecido en su art. 37.1 un turno específico que denominó «Plazas afectadas por el art. 15 de la Ley de Medidas», en el que podía participar el personal afectado por aquella Disposición. El motivo que llevó al TS a declarar la validez de dichos procedimientos de acceso restringido no fue otro que el de considerar precisamente que las características de excepcionalidad y fines legítimos concurrían en el caso concreto. A partir de ahí, sería ya muy difícil argumentar que vuelven a concurrir de nuevo motivos excepcionales pues, en caso contrario, empezaríamos a movernos en una delicada espiral que podría dejar sin contenido la aplicación del derecho fundamental de acceso a las funciones públicas consagrado en el artículo 23.2 de la Constitución y que, como ha declarado la inconcusa jurisprudencia dictada al efecto, se extiende también a las formas de provisión de puestos de trabajo.


[--http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadminist...scarga?up=68475--]

BASE SEGUNDA ES PRESUNTAMENTE INCONSTITUCIONAL