Poroposicionsiempre

Funcionarios por OPOSICIÓN

• 15/10/2019 13:55:00.
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Escrito contra la ILP

Buenos días,

He sacado tiempo de donde no tenía para escribir al Defensor del Pueblo. Expongo aquí el escrito para que quien quiera, pueda enviarlo también. Me gustaría también que comentarais si os parece bien o sí añadiríais o quitaríais algo. Cuantos más no quejemos, mejor. Solo tenéis que copiar y enviar. Se puede hacer a través de su web.
Estamos muy parados. No entiendo como no aprovechamos la ocasión para movilizarnos. Los interinos llevan todas las de ganar. Sobre todo, ante nuestra pasividad. Ya sabemos que los gobiernos se inclina a favor de quien más presiona y en este caso, les conviene además. Solucionarían el problema que han creado, sin indemnizaciones y sin más quebraderos de cabeza, a costa de los que callamos.
Los datos son preocupantes y la tentación de solucionar el problema de la manera más cómoda para el gobierno es grande.

[--https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/...0709125558.html--]

Creo que los sindicatos deberían convocar una manifestación o huelga pero parece que no interesamos mucho. Si no nos preocupamos nosotros, como lo van a hacer ellos.

Aquí os dejo el escrito:

A la atención del Defensor del Pueblo
Don. Francisco Fernández Marugán
Calle Zurbano, 42
28010 Madrid


Yo, Don/ña …….., con DNI…………… y Domicilio en C/ ……., me dirijo a usted, en su calidad de garante de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, con el fin de plantear una queja respecto al sistema de acceso a la función pública que en mi opinión, con la Iniciativa Legislativa Popular tomada en consideración por el parlamento de Andalucía, el pasado 25 de septiembre, se está intentando interpretar de una manera deliberadamente parcial, cínica y partidaria, poniendo en entredicho los principios reconocidos en la Constitución y en la ley que regula la función pública y que paso a enumerar a continuación.
En primer lugar, la Constitución Española, como norma suprema del Estado, garantiza en su artículo 14 la igualdad de los españoles ante la ley, por lo que una ley que favorezca a unos en detrimento de otros, sin que se trate de un colectivo vulnerable, atentaría contra este derecho fundamental.
Asimismo, en su artículo 23 reconoce el acceso a las funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad, con los requisitos que señalen las leyes.
Por otro lado, la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 55 reconoce igualmente que “Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.”
Y en su artículo 61 establece que:
1. Los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la LIBRE CONCURRECNIA, sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva previstas en este estatuto.
3. Los procesos selectivos que incluyan, además de las preceptivas pruebas de capacidad, la valoración de méritos de los aspirantes, SÓLO PODRÁN OTORGAR A DICHA VALORACIÓN UNA PUNTUACIÓN PROPORCIONADA QUE NO DETERMINARÁ, EN NINGÚN CASO, POR SÍ MISMA, EL RESULTADO DEL PROCESO SELECTIVO.
6. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación.
Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos.
En base a lo mencionado, en las últimas ofertas convocadas por la Administración General de la Junta, La Administración de Justicia, la Administración Educativa y por el Servicio Andaluz de Salud, el sistema elegido para la selección del personal ha sido el de oposición o concurso-oposición. Un concurso-oposición que deja pocas posibilidades a la libre concurrencia pues la valoración de méritos está concebida para favorecer a los interinos e interinas de larga duración que actualmente están prestando sus servicios en las mencionadas Administraciones Públicas. Examinarse con un 40% de ventaja en la puntuación no es justo con respecto a los opositores y las opositoras que aspiran a acceder a la función pública en condiciones de igualdad y que, en ocasiones, previamente también han aprobado alguna o algunas oposiciones sin plaza, pero que no han tenido la suerte de trabajar tantos años como interinos, debiendo compaginar trabajos mucho más precarios o la angustia de estar en situación de desempleo, con el sacrificio, la dedicación y el esfuerzo económico que implica prepararse unas oposiciones.
Además del porcentaje desproporcionado que se le atribuye a la fase de concurso, es cuanto menos llamativo que de dichos méritos se excluyan, como en el caso de algunas categorías del Servicio Andaluz de Salud, titulaciones académicas como son el Bachillerato, las carreras universitarias y el dominio de idiomas extranjeros y sin embargo, sí se incluyan cursos de sindicatos o de organizaciones sin fines de lucro, dejando en entredicho el requisito de capacidad y menospreciando años de estudio, con el único fin de favorecer a un determinado colectivo; valorando, igualmente de manera desproporcionada, la experiencia previa y limitándola sólo al cuerpo para el que se oposita, sin tener en cuenta la posible experiencia en otros cuerpos, incluso superiores.
No conformes con todas estas injustas ventajas que la administración ha decidido concederles, un colectivo de interinos e interinas ha presentado ante la Asamblea Legislativa de Andalucía una proposición de ley en la que reivindican que se les regalen las plazas que han estado ocupando como interinos durante muchos años, sin preocuparse, en muchos casos de estudiar para conseguir una plaza fija y pretendiendo que se considere su situación como “excepcional”. Y la pregunta que surge ante semejante petición es en base a qué argumento no presentarse a un examen o no aprobarlo puede considerarse una situación excepcional. Pretender tal consideración va en contra de la lógica misma.
Pese a que ellos lo niegan, este colectivo de interinos ha tenido diferentes oportunidades para examinarse. Argumentan que sus plazas no han sido ofertadas, situación que en caso de que fuera cierta, sería manifiestamente más injusta con respecto a los opositores y opositoras, que ni habrían tenido la ocasión de optar a ese puesto público, ni la suerte de poder trabajar como interinos como la que han tenido ellos.
De hecho, su reivindicación de que se ofertaran las plazas que ocupan ha tenido por fin una buena respuesta en las últimas Ofertas de Empleo Público, por lo que están teniendo la oportunidad de conseguir puestos fijos, en condiciones muy ventajosas con respecto a los demás opositores. Aun así, en las pruebas ya celebradas, muchos de ellos no han conseguido aprobar.
Esta incapacidad la justifican argumentando que ya han demostrado su “valía” durante todo el tiempo que llevan en sus puestos de trabajo. Esa valía a la que se refieren debería capacitarlos sobradamente para superar un examen, máxime cuando, a diferencia de los demás, a ellos les bastaría sólo con un aprobado para colocarse en los primeros puestos de la lista. Estos procesos les brindan no sólo la ocasión de conseguir plazas fijas sino de demostrar su valía y experiencia, puesto que, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 61 del EBEP “Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados, incluyendo, en su caso, las pruebas prácticas que sean precisas.” Queda pues evidente la “valía” que tienen los miembros de este colectivo como profesionales. Los verdaderos profesionales son los funcionarios que accedieron a sus puestos cumpliendo los requisitos exigidos, y que de aprobarse esta ley, también se verían muy relegados en los posteriores procesos de concurso por méritos y promoción interna.
La entrada de estos “profesionales” no sólo dañaría la carrera de los funcionarios y mermaría las posibilidades de los opositores sino que también causaría mucho daño a la propia administración cuya obligación es ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía.
Esta proposición de ley incluye igualmente una disposición adicional cuanto menos alarmante. Pese a todas las ventajas comentadas y a haberse presentado (los que se preocuparon de hacerlo), a las oposiciones ya celebradas, al mismo examen que los demás, exigen que las plazas que muchos opositores ya han conseguido con mucho esfuerzo, y que están únicamente pendientes de que concluya el proceso selectivo, sean DETRAÍDAS para ofrecérselas a quienes no han sido capaces de conseguirlas por mérito propio.
Es inaudito pensar que alguien, en su sano juicio, pretenda que le quiten el aprobado a un colectivo en beneficio de otro que ha suspendido la misma prueba o ni siquiera se ha presentado.
Y es aún más inaudito si cabe que los partidos políticos, que deben velar por el interés general, hayan admitido a trámite semejante barbaridad. Creo que hablo en nombre de los demás opositores y de los funcionarios cuando digo que nadie se esperaba que esta iniciativa fuera admitida a trámite.
Por más que piense, no consigo entender qué es lo que pretenden negociar, ya se les ha concedido la máxima puntuación en el concurso y ya sabemos que han estado teniendo ofertas de empleo que, en realidad, eran concursos encubiertos, por la facilidad del examen.
Para concluir, podemos decir que esta desproporcionada iniciativa también atenta contra otros derechos fundamentales consagrados en la Constitución como son la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, sin hablar de la irretroactividad de las leyes.
Atentamente,
………..