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Función Pública vincula la subida salarial de los funcionarios al "desbloqu

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Función Pública vincula la subida salarial de los funcionarios al "desbloqueo" de los Presupuestos
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Ó
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en una imagen de archivo. "Jesús Hellín "
Marga Castillo
01/10/2025 12:53
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El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha señalado hoy en TVE que para aprobar una subida de sueldo de los funcionarios, el Ejecutivo debe desbloquear primero los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

López ha dicho que la subida de sueldo de 2025 pendiente de los funcionarios y empleados públicos "tiene que ver" con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026 que se ha retrasado, recordando que el Gobierno ha pactado siempre esta cuestión con los sindicatos y ha recalcado que de nuevo lo "va a acordar".

"Tenemos que desbloquear las cifras de los Presupuestos para luego hablar con los sindicatos", ha señalado en una entrevista en TVE. López ha reiterado que el Ejecutivo sigue trabajando con todos los grupos para aprobar las cuentas públicas, tal como es la voluntad del Gobierno, informa Europa Press.


En cualquier caso, López, que no forma parte del equipo negociador de los PGE, no ha concretado ninguna fecha prevista para aprobar el techo de gasto y la senda de estabilidad, pasos previos de la tramitación de las cuentas públicas.

Para el sindicato CSIF, que López vincule la subida salarial de los funcionarios a los nuevos Presupuestos es "una excusa inaceptable" porque los sueldos se pueden subir también con las cuentas prorrogadas.

"El Gobierno nos usa como rehenes y moneda de cambio en su negociación parlamentaria. Exigimos un poco más de respeto y negociar nuestros salarios como se hace todos los años con el Salario Mínimo Interprofesional y las pensiones", ha reiterado CSIF en la red social X. "Pedimos al ministro que se siente a negociar con urgencia. De lo contrario, habrá medidas de presión y movilizaciones en toda España", zanja la organización presidida por Miguel Borra.

Tanto este sindicato como CCOO y UGT y CSIF pidieron al ministro hace dos semanas que retome el diálogo para negociar la subida salarial pendiente de 2025 y una actualización de las nóminas públicas para 2026 una vez concluido el acuerdo marco el pasado 31 de diciembre. Si no, advirtieron, retomarán las movilizaciones contra el Gobierno. Los sindicatos repochaban a López "su inacción" para resolver asuntos muy preocupantes, tanto en materia de empleo como de "congelación salarial".

"UGT Servicios Públicos, el Área Pública de CCOO y CSIF se han reunido y han acordado trasladarle (...) su indignación por la parálisis, así como por la grave e inédita situación en la que nos encontramos a causa de la falta total y absoluta de interlocución entre el ministerio y los sindicatos", señalaron en una carta dirigida al responsable de este deparmento.

Subida salarial y nuevo acuerdo
El ministro se había comprometido el pasado mes de marzo a abordar la subida de sueldo de las plantillas públicas en 2025 en un próximo acuerdo plurianual para revalorizar las nóminas públicas conforme a la evolución del IPC.

El último incremento salarial de los funcionarios y la última parte del acuerdo marco firmado con UGT y CCOO para 2022, 2023 y 2024 recogía la subida del 0,5% pendiente correspondiente a 2024 aprobada en julio, y ahora queda por aprobar la de 2025, que se haría de forma retractiva desde el 1 de enero del año en curso, igual que la anterior aunque se aprobó con 18 meses de retraso.

El sistema retributivo de parte fija y variable de este acuerdo marco que ha estado vigente durante tres años permitió elevar un 10% los sueldos de los funcionarios en el periodo 2022-2024 (cuando se firmó, en otoño de 2022, el IPC estaba entonces en un 10%), lo que supuso un gasto cercano a los 13.000 millones de euros.


UGT Servicios Públicos ya expresó su deseo de repetir la fórmula de subida salarial aplicada en este trienio, con un incremento fijo cada año al que se le sumaba una subida variable, a modo de cláusula de revisión, en función del PIB y el IPC para que las subidas salariales estén por encima del IPC real, para no solo mantener el poder adquisitivo sino también ganarlo, en línea con el crecimiento económico del país del que las plantillas públicas son partícipes.

El Área Pública de CCOO, por su parte, que agrupa a las tres federaciones con empleadas públicos (Servicios a la Ciudadanía, Sanidad y Sectores Sociosanitarios y Enseñanza), también había pedido al Gobierno que presentase una oferta de subida salarial a los empleados públicos para 2025.

"No podemos esperar más para conocer cuál es la propuesta del Gobierno para el incremento retributivo de los empleados públicos para el año 2025. No estamos dispuestos a esperar a los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno tiene mecanismos suficientes para garantizar ese incremento retributivo por otros cauces, por otros caminos", señalaron desde el sindicato.

Por su parte, CSIF pide al Ejecutivo negociar un nuevo acuerdo salarial en el que la subida salarial se aplique de manera automática todos los años, al igual que las pensiones o el Salario Mínimo Profesional (SMI) y también han reclamado en numerosas ocasiones recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010, incluyendo el cobro íntegro de la paga extra.


Así, tanto el coordinador del Área Pública de CCOO, Lucho Palazzo la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, y el presidente de CSIF, Miguel Borra, recordaban al ministro que las tres organizaciones representan al 80% de los más de tres millones y medio de empleadas y empleados públicos, lo que "debiera sobrar para tener un diálogo constante y una mesa permanente donde poder debatir y llevar a cabo una negociación que permita solventar los problemas que vayan surgiendo en la función pública".

El pasado mes de julio CCOO señalaba en un comunicado emitido ante una concentración ante el Ministerio de Hacienda que "aún no se ha empezado a negociar el incremento salarial correspondiente a este 2025, lo que, a efectos prácticos, supone la congelación del sueldo".

Además de la mejora retributiva, UGT y CCOO, junto con ahora CSIF, quieren que un eventual segundo acuerdo marco pivote, sobre las principales demandas sindicales del sector público: la creación de más plazas en las OEP, la rebaja de la temporalidad, las 35 horas semanales en la Administración central, la supresión de la tasa de reposición de vacantes, la carrera profesional, la puesta en marcha efectiva de la jubilación parcial, el aumento de la tasa de teletrabajo o la digitalización del sector público.


El ministro ya avanzó en un desayuno informativo que estaba dispuesto a negociar la subida salarial de los funcionarios para 2025 y 2026, aunque sin precisar fechas, y recordó que también se está tramitando una nueva Ley de Función Pública.


Aun así, UGT y CCOO enviaron un comunicado conjunto el pasado 5 de septiembre en el que recalcaban el "desprecio" y la "falta de respeto" de Óscar López al "no atender las reivindicaciones de las organizaciones sindicales firmantes del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI y no obtener respuesta alguna", recordándole el calendario de movilizaciones que anunciaron en julio para hacer cumplir los acuerdos sobre jubilación parcial del personal laboral, funcionario y estatutario, la clasificación profesional conforme al Sistema Español de Cualificaciones Profesionales, las 35 horas en el ámbito de la Administración General del Estado o la situación del Servicio Exterior.

Recordaban, asimismo, la publicación de la orden que daba salida a los PGE Estado de 2026, "una nueva oportunidad, no sólo para retomar el diálogo en la Función Pública, sino para fijar un calendario, con plazos concretos y urgentes, de implementación de los puntos pendientes del Acuerdo Marco", inlcuyendo las mejoras retributivas de 2025, el empleo y las condiciones de trabajo. CSIF pidió a Hacienda en otro comunicado que habilite crédito en el proyecto de PGE para atender la subida salarial.

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