Funcionariodeoposicion

• 15/06/2026 10:57:00.
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El 92% de los funcionarios jefes en la Junta de Andalucía llegó al puesto por designación política
La discrecionalidad predomina en la cobertura de jefaturas de servicio, según un estudio del Sindicato Andaluz de Funcionarios, que apuesta por los concursos de méritos para ascender


En la Junta de Andalucía, el nombramiento político discrecional es la principal vía de acceso que tienen los funcionarios a los puestos técnicos de mayor responsabilidad. El 92,5% de las jefaturas de servicio en la Administración General (las consejerías) de los niveles 26 y 27 ha sido cubierto mediante la libre designación, un mecanismo de provisión en el que el responsable político elige de forma discrecional al aspirante teniendo en cuenta criterios de confianza e idoneidad subjetiva y reservándose la potestad de destituirlo en cualquier momento. Así lo revela un informe titulado «Libre designación y concurso específico en la Junta de Andalucía. Análisis comparado con otras comunidades autónomas y riesgos del modelo andaluz», facilitado a ABC por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF).

Según el estudio realizado por la organización mayoritaria en la Mesa Sectorial de la Administración General de la Junta, las jefaturas de servicio (niveles 26 a 28) concentran más del 80% de los altos puestos del subgrupo A1. Sobre este cuerpo superior de funcionarios recae la responsabilidad jurídica y administrativa directa de instruir, fiscalizar y autorizar la tramitación de expedientes de contratación pública, la concesión de licencias, el otorgamiento de subvenciones y los procedimientos sancionadores.



El informe técnico compara el peso que los nombramientos discrecionales tienen en quince comunidades autónomas. Solo tres tienen más del 50% de los puestos de los niveles 26 y 27 cubiertos por libre designación: Madrid, Andalucía y Castilla La Mancha (100%, 92,50% y 61,85% respectivamente). Siete regiones cuentan con todos sus puestos provistos por concurso de méritos, garantizando que el acceso dependa estrictamente de la experiencia, la antigüedad y la formación objetiva del empleado público. En La Rioja, Cantabria y Extremadura, el 90% de sus plazas se adjudica por concurso ordinario, relegando la libre designación a supuestos marginales de estricta confianza personal.


El estudio concluye que «Andalucía es la única comunidad autónoma, junto con Madrid, que tiene la casi totalidad de sus puestos provistos por libre designación», por lo que «el intervencionismo político» desciende a niveles tan profundos de la jerarquía administrativa que parece perseguir el objetivo de «copar» y «dominar» la totalidad de las escalas funcionales intermedias.

El Gobierno andaluz del Partido Popular, actualmente en funciones, ha puesto encima de la mesa en su negociación con los sindicatos un giro en la manera de seleccionar a los cuadros de mando intermedios de la Administración. El objetivo es desterrar la politización y la inercia administrativa en la elección de las jefaturas de servicio, apostando por un modelo que tenga en cuenta las habilidades directivas, la formación específica y el talento. Es el denominado «concurso específico», que ya funciona en otras comunidades autónomas. Constituye una tercera vía frente a la libre designación (el nombramiento discrecional por parte del cargo político) y el concurso de méritos en el que tiene mayor peso la antigüedad en el puesto.

Para revisar el sistema de elección de los jefes de servicio buscará un pacto con los sindicatos siguiendo la estela de acuerdos anteriores que han posibilitado establecer el concurso abierto y permanente para agilizar los traslados de destino y la carrera profesional.

Cerca de 3.000 puestos de libre designación
De acuerdo a los registros oficiales de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que publica el Portal de Transparencia de la Junta, actualmente hay 2.970 puestos cubiertos bajo la fórmula de libre designación. De ellos, la inmensa mayoría, 2.584 plazas, corresponde a funcionarios encuadrados entre los niveles 26 y 30. El resto (386 plazas) lo componen secretarios de altos cargos, integrados en los grupos de menor cualificación técnica C1 y C2, asociados a los niveles del 20 al 22. En marzo de 2025, la Administración General de la Junta de Andalucía contaba con una plantilla de 21.523 funcionarios de carrera.

La queja de de las organizaciones sindicales por el abuso de la libre designación tuvo eco político en el Parlamento en la pasada legislatura. En septiembre de 2024, ante una pregunta formulada por el PSOE, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, reconoció la distorsión del modelo andaluz y asumió el compromiso de enmendarlo. «Estoy de acuerdo en que los puestos de libre designación no pueden ser el sistema mayoritario para la elección de puestos de los últimos niveles, los niveles máximos de la Administración pública. Me comprometo públicamente aquí a que esa anomalía deje de ser una realidad de manera inmediata, pero queremos hacerlo desde el diálogo», prometió.

El consejero de Función Pública reconoció en 2024 que el predominio de estos puestos era «una anomalía» y prometió reducirlos

El consejero justificó la necesidad de buscar mecanismos que conjuguen la cualificación técnica avanzada con la confianza en los puestos directivos, matizando que el volumen de plazas apenas superaba en 200 a las registradas al cierre de la etapa socialista en 2018. No obstante, desde el SAF recuerdan que el propio Juanma Moreno, justo antes de llegar a la Presidencia autonómica, recriminó al Ejecutivo socialista saliente de Susana Díaz que utilizara el Boletín Oficial «para colocar a dedo a decenas de cargos de libre designación en el Servicio Andaluz de Salud» y prometió acabar la despolitización de la administración.

Tapón en el nivel 25 de la Administración
El abuso de la provisión discrecional se traduce en una desmotivación de los funcionarios que necesitan la confianza del cargo político para ascender profesionalmente. El personal del subgrupo A1 —el de mayor cualificación del funcionariado, integrado por ingenieros, abogados y economistas— encuentra un tapón en el nivel 25, que es el techo que pueden alcanzar a través del concurso ordinario de méritos. Para escalar a un nivel superior (26 o 27) y aspirar a mejorar sus retribuciones —«las más bajas de España para este colectivo», precisan desde el SAF—, se ven abocados a someterse al sistema de libre designación, «lo que condiciona la lealtad del funcionario al cargo político que lo nombra y no a la ley», advierte el sindicato que preside Moisés García Losada.

Al depender la permanencia en el puesto del beneplácito del gobernante, el jefe encargado de fiscalizar un expediente queda expuesto a la remoción inmediata si su criterio técnico colisiona con el interés de la dirección política de la Consejería. Significa que el jefe de servicio «está sometido al escrutinio del político que lo puede cesar en cualquier momento si no obedece con detalle cualquier mandamiento en la tramitación del expediente administrativo», cuando su labor consiste precisamente en «velar por la legalidad», avisa en su dictamen el sindicato, que asocia la falta de independencia con el riesgo de corrupción administrativa.

Tres vías distintas de promoción
En la Junta de Andalucía conviven dos sistemas distintos de provisión de puestos de responsabilidad. El primero es el concurso ordinario de méritos, basado en baremos tasados y públicos (antigüedad, titulación y formación) que es el preferido por los funcionarios para blindar su neutralidad. El segundo es la libre designación, que otorga el control al poder ejecutivo sobre el nombramiento y cese. La Junta propone implantar una tercera fórmula mixta, el concurso específico, en la que, aparte de los méritos generales, se valoran otras aptitudes y conocimientos específicos para un puesto concreto.

El SAF recela del concurso específico recogido en la Ley de la Función Pública de Andalucía. En contra del criterio del Ejecutivo, teme que sirva para agravar el problema. Mientras que en otras comunidades autónomas que aplican el concurso específico la fase de méritos objetivos aporta entre el 60% y el 100% de la calificación, la legislación andaluza invierte esta proporción y rebaja al 45% el peso de los méritos generales, señalan desde la organización. «Si el 55% de la nota depende de una entrevista y una memoria evaluadas por una comisión nombrada a dedo por el consejero de turno, no estamos ante una mejora, sino ante el mismo 'dedazo' con otro nombre», expone el SAF. Con el agravante de que, bajo la apariencia formal de un concurso, el funcionario seleccionado ya no podría ser cesado cuando se produzca un relevo político en la Junta.

Las demandas del sindicato
La organización que preside Moisés García apremia al Gobierno andaluz que se forme tras las elecciones del pasado 17 de mayo a que fije «un calendario verificable» para establecer una norma que ponga coto de los nombramientos discrecionales. Para ello apuesta por generalizar el concurso de méritos como sistema común para la provisión de las plazas en los niveles 26 y 27.

En el supuesto de que la Administración autonómica se incline por el concurso específico para determinados puestos, pide reservar un mínimo del 70% de la calificación final a la fase objetiva de méritos generales, limitando el peso de la fase subjetiva al 30%. En esta misma línea, reclama sustituir las entrevistas personales y las memorias por criterios baremables publicados previamente. Finalmente, para blindar la transparencia de todo el proceso, el SAF exige la constitución de comisiones de valoración técnicamente independientes, sin designaciones políticas directas y con representación sindical con derecho a voto.